La mejor careta para lavar coimas de Lava Jato

Las empresas en paraísos fiscales se han convertido en la herramienta más eficaz para quienes pretenden blanquear dinero de procedencia ilícita. Odebrecht utilizaba tres fases de redes de compañías de fachada con esa finalidad. Conoce cómo funcionaba el esquema de la mano del fiscal brasileño Carlos Ferreira da Silva.

Aunque determinadas grandes empresas y multinacionales utilizan las compañías offshore, fundadas en países considerados paraísos fiscales, como parte de su esquema legal para eludir el pago de impuestos, este tipo de sociedades mercantiles también son usadas para lavar dinero de procedencia ilícita mediante sofisticadas redes de firmas de fachada, tal como se evidencia en el caso Lava Jato, pesquisa que se inició oficialmente hace tres años en Brasil.

La investigación del entramado de la corrupción de las constructoras brasileñas, cuyas esquirlas alcanzan a varios países de Latinoamérica e incluso de África, demuestran la confluencia que existe entre la elusión tributaria y el blanqueo de fondos ilegales —como el pago de sobornos— a través de empresas fantasma. Precisamente, los dos fundadores del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los Panama Papers, fueron detenidos en febrero último por presuntamente ocultar activos y dinero de orígenes turbios, en relación a la creación de offshore para las compañías de Brasil bajo sospecha.

En diálogo con Convoca.pe, el fiscal adjunto de la oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, indicó que en la actualidad una de las principales modalidades para blanquear capitales es el empleo de sociedades constituidas por terceras personas o empresas en paraísos fiscales.

“Para el lavado de dinero en el mundo se utiliza las offshore, pues es más eficaz para quienes pretendan cometerlo. Cuando usan esa modalidad, a la Fiscalía le resulta más difícil recuperar el dinero y llevarlo a los países de donde salieron”, expresó.

El magistrado brasileño también se refirió al circuito de compañías de fachada utilizada por constructoras involucradas en el caso Lava Jato —Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras— para intentar ocultar el origen ilegal de las transferencias bancarias de millones de dólares y de esa manera pretender cubrir de legalidad abonos de coimas a altos funcionarios a cambio de contratos estatales millonarios o de financiamiento de campañas electorales en Brasil, Colombia, Perú y otros países de la región (ver www.lavajatoamericalatina.com). “Cuando se ha enviado el dinero para el presunto pagos de sobornos y las campañas políticas se utilizó offshore de diferentes paraísos fiscales del planeta. En varios de estos casos, las operaciones financieras fueron tan complejas que se realizaron mediante dos o tres offshore, una transfería dinero hacia otra, y luego a una tercera (compañía de fachada)”, señaló.

Telaraña financiera

Ferreira da Silva explicó que en varias remesas de dinero de las firmas brasileñas investigadas se identificó el uso de tres fases de redes de offshore en distintas naciones con regulación tributaria y financiera menos estricta, las cuales por su complejidad “era como si fueran tres claves que se necesitaba descubrir para llegar hasta el dinero”.

“Cuando usan offshore para lavar activos, a la Fiscalía le resulta más difícil recuperar el dinero y llevarlo a los países de donde salieron”, expresó el fiscal brasileño Carlos Ferreira da Silva.

Por la sofisticación de las operaciones financieras, el fiscal de Brasil consideró que sin las delaciones premiadas —equivalente a la colaboración eficaz en el Perú— de exejecutivos de Odebrecht y otras constructoras, la justicia brasileña no hubiera conseguido desentrañar esa arquitectura financiera y llegar a identificar a los primeros implicados en el caso de corrupción más grande de las últimas décadas.

“La cooperación de los involucrados, en términos de colaboración eficaz, es muy importante porque sin que nos proporcionen la información es casi imposible descubrir operaciones financieras tan complejas. Muchos de nuestros colaboradores son los operadores de lavado (de activos), las personas que participaron en la constitución de las offshore para los políticos, los empresarios,”, manifestó a Convoca.pe.

No obstante, precisó que las pesquisas de las autoridades de Brasil no se limitan a lo que puedan entregar los aspirantes a ser “delatores premiados”, sino que además se cuenta con documentación obtenida durante el proceso de investigación, así como en los allanamientos e incautaciones en las oficinas de las constructoras y domicilios de sus exdirectivos.

En referencia a posibles propuestas de ley para normar el uso de las offshore, sociedades a las que los empresarios acuden formalmente para proteger sus activos (confidencialidad y privacidad) y obtener ventajas fiscales, el magistrado Carlos Ferreira dijo que en los paraísos fiscales hay una tendencia para combatir el uso de este tipo de compañías en actividades criminales, como es el caso de Suiza.

De la ‘caja 2’ al destino final

Las evidencias recogidas por el Ministerio Público Federal de Brasil desde que empezó la operación Lava Jato —el 17 de marzo de 2014— registran el ‘modus operandi’ de las constructoras brasileñas para transferir grandes sumas de dinero destinados al supuesto pago de coimas a funcionarios y al financiamiento de campañas políticas de candidatos en suelo brasileño y otras naciones, montos que superarían los 4 mil millones de dólares hasta el momento, según estimaciones del diario O'Globo y la reciente confesión del exejecutivo de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas.

Por la sofisticación de las operaciones financieras, el fiscal de Brasil consideró que sin las delaciones premiadas —equivalente a la colaboración eficaz en el Perú— de exejecutivos de Odebrecht y otras constructoras, la justicia brasileña no hubiera conseguido desentrañar esa arquitectura financiera.

Precisamente, por las confesiones de exdirectivos de la firma que presidía Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años de prisión por corrupción y lavado de activos, se conoce que esta compañía tenía una oficina llamada Departamento de Operaciones Estructuradas (‘caja 2’), dedicada a transferir dinero altos funcionarios y a políticos, la cual recién fue desactivada en julio de 2015, al siguiente mes del arresto del mencionado propietario de la empresa brasileña. Y desde esta oficina no solo se organizaba y controlaban los supuestos pagos de coimas, sino además se le daba apariencia legal a esos abonos de procedencia turbia.

Tal como hizo referencia el fiscal brasileño Carlos Ferreira, en el caso de Odebrecht se detectó varios casos en los que se emplearon tres etapas de offshore para intentar ocultar el origen real de las remesas de dinero enviadas desde la constructora hasta el destinatario final.

La primera instancia de la operación de blanqueo de fondos estaba conformada por las cuentas bancarias en Suiza controladas por el conglomerado empresarial de Odebrecht, entre ellas las que figuran a nombre de sociedades offshore —constituidas en Belice, Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales— como Arcadex, Smith & Nash Engineering Company, Golac Projects and Construction , Havinsur, Sherkson.

En la segunda fase, aparece una red de empresas de fachada que formalmente no tiene vinculación con la firma brasileña ni con el destinatario final de la transferencia de dinero. Algunas de estas offshore —fundadas en paraísos fiscales como Antigua y Barbuda, Panamá, Austria— son Klienfeld Services, Innovation Research Engineering, Constructora Internacional del Sur.

En el tercer nivel, la última parte del recorrido financiero de la corrupción, se ubican las compañías fantasmas en cuyas cuentas bancarias —también en Suiza— los funcionarios recibían los pagos indebidos y que estaban bajo su control. En los casos de los exdirectores de la estatal brasileña Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco, se les identificó como beneficiarios de las offshorepanameñas Milzart Overseas, Quinus, Pexo Corporation, Sygnus y Sagar.

Sobre los citados exfuncionarios de Petrobras, las autoridades brasileñas hallaron que en la primera etapa de lavado de activos se efectuaron 18 transferencias de dinero mediante cinco firmas de fachada relacionadas a Odebrecht, por un monto de alrededor de 130 millones de dólares. En el segundo nivel se realizaron 56 envíos de dinero a través de cuatro offshore, por una suma de unos 170 millones de dólares. Y en la tercera fase se encontró 41 transferencias vía cinco empresas fantasmas, por 14 millones de dólares.

Los pagos a funcionarios peruanos

En el caso del Perú, Odebrecht empleó un procedimiento con offshore—similar al usado en Brasil¬— para el pago de presuntos sobornos a funcionarios a cambio de obtener adjudicaciones de obras públicas, de acuerdo con la información entregada por la propia empresa brasileña y su exrepresentante en el país, Jorge Barata, la cual sirvió para que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro denunciara a los implicados y solicitase la detención preventiva correspondiente.

En la pesquisa fiscal sobre la Interoceánica Sur, por la cual el expresidente Alejandro Toledo se encuentra prófugo por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de coima, se halló de manera preliminar 18 transferencias por más de 9 millones 600 mil dólares, varias de las cuales se hicieron a favor de compañías vinculadas al empresario israelí Josef Maiman, amigo del exmandatario. Estos envíos de dinero, entre 2006 y 2010, se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías de fachada controladas por Odebrecht: Intercorp Logistic Lts, Klienfeld Services Ltd y Innovation Research Engineering. Y Maiman, supuesto testaferro de Toledo, recibió parte de esas remesas vía su offshore Traildbrige Ltd.

Durante la investigación fiscal respecto del Metro de Lima, la cual tiene como principales implicados al exviceministro Jorge Cuba y el exfuncionario Edwin Luyo, la constructora brasileña sostuvo haber pagado de forma indebida 8 millones 100 mil dólares para conseguir la buena pro de los tramos 1 y 2 de la obra, en el último gobierno aprista. En este caso, el Ministerio Público ha documentado el uso de las offshore panameñas Hispamar Internacional, Oblong International y Julson International, por parte de Cuba y Luyo, con el fin de que les depositaran más de 2 millones 500 mil dólares en una entidad bancaria del paraíso fiscal de Andorra.

El caso Lava Jato ha vuelto a poner en primer plano a la sociedad offshore, pues ha encajado nuevamente en el esquema de organizaciones corruptas a pesar de que su finalidad primigenia es legal. ¿El más grande escándalo de corrupción a nivel regional motivará algún cambio en las normas para fiscalizar o controlar las actividades de estas empresas de fachada?

Esa pregunta vuelve a plantearse hoy jueves, pues el Ministerio Público de Panamá reveló en conferencia de prensa que halló indicios de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios del bufete panameño Mossack Fonseca relacionados con el caso Lava Jato.

El fiscal a cargo de la investigación en Panamá, Rómulo Bethancourt, señaló que el mencionado estudio de abogados era una organización que ofrecía "productos" financieros (offshore) para ocultar la procedencia ilícita de transferencias de dinero. Además, confirmó la existencia de dos cuentas bancarias de Mossack Fonseca que recibía fondos de Brasil, las cuales fueron cerradas hace un año. Por esta razón, un equipo de magistrados panameños viajará a suelo brasileño en abril próximo.

Actualizado el 23 de marzo de 2017 a las 5:30 pm

Conoce cómo nos afecta el sistema offshore en paraísos fiscales

Reportero: Luis Meléndez / Edición: Augusto Barrios