Cómo se ocultó el movimiento financiero de más de 4 mil empresas en Perú

Mientras hace un año se publicaba la investigación global Panama Papers, que acaba de ganar el prestigioso Premio Pulitzer, abogados y gremios empresariales lograron derogar el artículo 5 de la ley 29720 que obligaba a compañías que no eran reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores a hacer públicos sus estados financieros. Convoca.pe revela quiénes son los personajes que consiguieron desaparecer esta exigencia legal mientras tenían empresas offshore creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca.

El pasado 5 de abril se cumplió un año de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que derogó el artículo 5 de la ley 29720 que permitía el acceso público a la información financiera de compañías que no eran reguladas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas (Conasev), hoy Superintendencia del Mercado de Valores). De esta manera, se negó a los ciudadanos la posibilidad de conocer los estados financieros, las utilidades, los accionistas y otra información relevante de estas empresas que operan en el territorio peruano. Paradójicamente, esto sucedió dos días después del lanzamiento de la investigación global Panama Papers, que puso al descubierto mecanismos de evasión y elusión tributaria de políticos, empresarios, criminales y compañías en el mundo a través de esquemas offshore creados por el bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos dueños y principales ejecutivos están ahora presos por blanqueo de capitales en Panamá.

¿Cómo fue posible desaparecer esta exigencia legal en favor del secretismo? Convoca.pe pudo determinar que la decisión tomada por los cinco magistrados en favor de las compañías fue el resultado de presiones permanentes de personajes de gremios empresariales y abogados que adquirieron sociedades, fundaciones privadas y fiduciarias y cuentas offshore de Mossack Fonseca en países con normas laxas para el pago de tributos (paraísos fiscales) a quienes no les convenía que se hicieran públicos los movimientos financieros de las compañías a pesar que trabajaban en sectores sensibles como el sector minero marcado por la desconfianza de la población y los conflictos sociales. De este rubro económico depende más del 60 por ciento de las exportaciones de Perú.

El artículo 5 obligaba a las empresas con ingresos anuales por venta de bienes o servicios iguales o mayores a 3 mil UIT (10,8 millones de soles según el valor de la UIT en 2011) y que no eran reguladas por la entonces Conasev a reportar información financiera. Se buscaba mayor transparencia y participación de la sociedad civil en la supervisión de estas sociedades como la Compañía Minera Antamina S.A., un complejo minero polimetálico que contiene uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo pero que no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.

Congresistas que respaldaron el artículo 5 en un dictamen de minoría de noviembre de 2011, alertaron que si esta exigencia legal desaparecía más de 4 mil empresas con ingresos anuales por encima de 10,8 millones de soles, según la publicación especializada The Top 10,000 companies, dejarían de ser supervisadas . Con las gestiones de gremios empresariales y abogados este escenario se consumó.

Intereses ocultos

Todo empezó con un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que fue promulgado por el Congreso de la República en junio de 2011. La norma apuntaba —como bien dice su larga presentación— a la promoción de valores mobiliarios y fortalecer el mercado de capitales. Pero el artículo 5 no fue detectado por el radar empresarial durante su análisis y discusión en la Comisión de Economía ni en el Pleno del Congreso. Recién una vez publicado en el diario oficial El Peruano, despertó la preocupación de los representantes de las grandes y medianas compañías que no presentaban información financiera a la entonces Comisión Nacional Supervisora de Empresas (Conasev).

"¿Cómo fue posible desaparecer esta exigencia legal en favor del secretismo? Fue el resultado de presiones permanentes de personajes de gremios empresariales y abogados que adquirieron sociedades offshore de Mossack Fonseca en países con normas laxas para el pago de tributos"

El artículo 5 de la ley proponía lo siguiente:

"Las sociedades distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de la Conasev, cuyos ingresos anuales sean iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT) (10 millones 800 mil soles), deben presentar a esta entidad sus estados financieros auditados (…) conforme a las normas internacionales de información financiera (…). Los estados financieros presentados son de acceso al público". La preocupación de los empresarios se concentraba en esta última oración.

Artículos publicados por abogados del influyente Estudio Echecopar, que tiene entre sus socios y asociados a exdiplomáticos, exministros y directores de grandes empresas, llamarían la atención sobre ese punto. El 4 de julio de 2011, Javier Tovar Gil, socio principal de este mismo estudio jurídico y expresidente de Conasev, manifestó en una columna de opinión publicada en la revista Semana Económica que el referido artículo de la norma tendría un “efecto nocivo”. Dos meses más tarde, el 8 de setiembre, la abogada y socia del Estudio Echecopar, Inés Baca de la Piedra, se refería al artículo 5 como "la sinrazón de una norma” en el No. 57 de la revista Rumbo Minero.

"No entendemos por qué se debe hacer pública la información financiera de una empresa que no tiene valores listados (…). No existe ninguna razón objetiva para ser de manejo público”, escribió Baca, quien maneja en el estudio los casos relacionados con el derecho corporativo y fusiones adqquicisiones, y ha participado en operaciones de adquisición o venta de empresas en el país, según el portal web del bufete.

La abogada tenía razones poderosas para oponerse al artículo 5.

Según el perfil de Inés Baca que aparece en la página web del Estudio Echecopar, la abogada asesoró entre 2010 y 2013 a China Fishery Group (CGF Investment SAC), una de las empresas que lidera la gran industria pesquera peruana, la segunda más importante del mundo, en la compra de activos de cuatro compañías ligadas a la actividad pesquera. En 2010, Baca asesoró a CFG Investment en la adquisición de Pesquera Alejandría; al año siguiente a la compra del 100% del capital social de Negocios RAFMAR SAC. y Consorcio Vollmacht SAC. y en 2013 la adquisición de la pesquera peruana Corporación Pesquera Inca SAC., una de las más poderosas del sector.

En el mismo período de estas compras, CGF Investment SAC. aparece relacionada con dos sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca: Bluefield Overseas Corp. y Bluefield Holding Group inscritas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) desde 2010 según documentos de los Panama Papers a los que accedió Convoca.pe. En uno de los correos electrónicos entre los ejecutivos de la oficina de Lima y Panamá de Mossack Fonseca, la abogada Inés Baca aparece como apoderada de la offshore Bluefield Overseas Corp. desde mayo de 2010 junto a otro abogado del estudio Echecopar, Jorge Ossio Gargurevich.

En la comunicación interna del bufete panameño aparecen más documentos en los que se revela la intención de mantener oculto al dueño real de las offshore: CFG Investment, que forma parte del grupo internacional Pacific Andes, dueño de Lafayette, el mayor buque factoría del mundo acusado de pesca ilegal y de explotación infantil.

"El joven abogado Eduardo Joo Garfias del Estudio Amprimo & Flury Abogados, presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional y la revistió como la causa justa de 'más de cinco mil ciudadanos contra el Congreso'. Pero detrás existían otros intereses"

En junio de 2011, los poderes de Bluefield Overseas Corp. otorgados a los abogados del Estudio Echecopar, Inés Baca y Jorge Ossio, son revocados y son transferidos a dos ciudadanas peruanas sin mayor vinculación con la empresa: Lilian Meza Trujillo y Lili Narváez Meza, con domicilio en el distrito de Los Olivos, ubicado en la periferia de la ciudad de Lima, según la escritura firmada por el notario de Isla Tórtola.

Convoca.pe se comunicó telefónicamente con el Estudio Echecopar y envió un correo electrónico a la abogada Baca de la Piedra pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Javier Tovar Gil, quien también rechazó el artículo 5 de la ley 29720 y es presentado en la página web del Estudio Echecopar como un abogado con "valiosa experiencia en temas corporativos y financieros" en el sector público y privado, figura como director y apoderado de sociedades offshore desde 2006, según los registros de Mossack Fonseca.

Tovar se desempeñó en los años 90 como presidente de la Comisión Nacional de Valores (Conasev), hoy la Superintendencia del Mercado de Valores adonde las empresa deben reportar sus estados financieros. También fue presidente del Comité Especial de privatización de las compañías ENTEL Perú y de la Compañía Peruana de Teléfonos y miembro del directorio de Telefónica.

Convoca.pe ubicó a Tovar, quien respondió vía correo electrónico el 5 de abril que "no existe una relación necesaria" entre la ley 29720 y el empleo de sociedades offshore porque "empresas listadas como no listadas utilizan empresas offshore en función a sus necesidades". El abogado no considera que la esencia del artículo 5 era promover "mayor transparencia y mayor flujo de información", como sustentaron los defensores de la norma desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre las actividades económicas de miles de empresas, lo cual es fundamental para enfrentar esquemas de evasión o elusión fiscal.

Apoyo fujimorista

En forma paralela a las presiones del gremio empresarial para que se derogue el artículo 5, el congresista Octavio Salazar del partido fujimorista Fuerza 2011, presentó un proyecto de ley el 21 de setiembre de 2011 para desaparecer esta exigencia legal argumentando que generaba "inseguridad a las empresas, accionistas y funcionarios, debido a que en un entorno de elevada inseguridad ciudadana pueden ser extorsionados para el pago de cupos, extorsionados o ser susceptibles de asalto [sic]". La propuesta de Salazar se aprobó en la Comisión de Economía el 2 de noviembre con el respaldo del legislador Carlos Bruce Montes de Oca, los fujimoristas Freddy Sarmiento y Cecilia Chacón y Norman Lewis del Alcázar de Alianza Parlamentaria.

En la otra tribuna figuraban los parlamentarios Javier Diez Canseco, Jaime Delgado, Juan Carlos Eguren y Roberto Ángulo Álvarez, quienes rechazaron la iniciativa de Salazar porque consideraban importante que las empresas publiquen sus estados financieros para que las autoridades locales y regionales puedan monitorear los tributos que pagan por operar en sus jurisdicciones como sucede con la explotación minera. Ellos alegaban que la transparencia es clave sobre todo si se considera que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) supervisa de forma aleatoria a las grandes empresas.

La polémica se agitó más con las voces de los representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este último gremio expresó en una carta enviada a la Comisión de Economía del Congreso que el artículo 5 “carece de sustento técnico, genera sobrecostos, pone en riesgo la seguridad de las empresas y lesiona la reserva de la información, la cual se encuentra protegida por el secreto bancario, comercial, industrial, tecnológico, bursátil y el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados”. Reclamaban mantener absoluta reserva.

A pesar de las presiones del gremio empresarial y del proyecto de ley del congresista Octavio Salazar, el artículo 5 no pudo ser derogado en el Congreso. En respuesta, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), con Jorge Von Wedemeyer a la cabeza, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores (Adex) diseñaron a inicios de 2014 una nueva estrategia legal: dejar sin efecto la aplicación de este artículo mediante una demanda de inconstitucionalidad. Para ello, contrataron al Estudio Amprimo & Flury Abogados cuyo principal socio, Natale Amprimo Plá, era el asesor legal de la CCL.

De esta manera, en marzo de 2014, el joven abogado Eduardo Joo Garfias del Estudio Amprimo & Flury Abogados, presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional y la revistió como la causa justa de “cinco mil ciudadanos contra el Congreso”. Pero detrás existían otros intereses.

Jorge Von Wedemeyer aparece vinculado por lo menos a cinco sociedades offshore registradas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá, junto con su hermano Andreas Von Wedemeyer, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y también opositor al artículo 5 de la ley 29720. Tres de estas compañías (Intergama Corp, Interbeta Corp y Ningo Center Ltd) figuraban como accionistas de Corporación Cervesur, cuyos propietarios son los Von Wedemeyer, y las otras dos —Rocques Assets S.A e Inverna Corp— no aparecen registradas en la Bolsa de Valores como parte del conglomerado empresarial. Si es que nunca hubiesen salido a la luz los Panama Papers, probablemente estas dos empresas de papel permanecerían ocultas.

Los principales socios del Estudio Amprimo & Flury Abogados también solicitaron los servicios de los ejecutivos de Mossack Fonseca. De acuerdo con los registros hallados, Amprimo Plá y su esposa Diana Abusada James son propietarios de la empresa offshore Hayden Properties Development Corp., inscrita en Islas Vírgenes Británicas en julio de 2011.

El abogado Amprimo al igual que el demandante, Eduardo Joo, reconocieron a Convoca.pe a través de correos electrónicos que la firma fue contratada por la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) "para patrocinar la acción de inconstitucionalidad que se promovió contra el artículo 5º de la Ley 29720".

Amprimo no respondió sobre la offshore que tiene a nombre suyo y de su esposa.

El otro socio del estudio que patrocinó al empresariado es Hans Flury, exvicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía y director legal de Southern Perú Copper Corporation, sucursal del Perú, empresa minera cuyas ventas al año bordean los 3 mil millones de dólares y que fue cuestionada por graves deficiencias del estudio ambiental del proyecto de cobre Tía María, en Arequipa, que desató conflictos sociales con decenas de heridos y muertos (Ver La bomba que hizo explotar Tía María).

Flury también figura en los registros de Mossack Fonseca como presidente de la sociedad Pymer Trading INC, offshore inscrita en la jurisdicción de Panamá en 2007, tres años después que dejara la cartera del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Mediante un escrito del 11 de marzo de 2015, el Congreso de la República señaló al TC que el objetivo del artículo 5 era la transparencia y que una medida similar fue recomendada por el Banco Mundial en su Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos respecto a Perú.

"No existen otras medidas igualmente satisfactorias y menos lesivas de los derechos invocados; y el grado de satisfacción del bien jurídico —transparencia— resulta elevado, pues permitirá generar una mayor dinámica en los mercados así como una efectiva prevención de la evasión tributaria", argumentó el Congreso.

El 5 de abril, cinco magistrados del Tribunal Constitucional —Manuel Miranda Canales, Óscar Urbiola Hani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera— votaron a favor de la inconstitucionalidad y ordenaron su derogatoria. Un voto en contra fue expresado por la magistrada Marianela Ledezma Narváez, quien consideró que no se evidencia que el artículo 5 de la ley 29720 "vulnere desproporcionadamente el derecho a la intimidad".

La decisión fue saludada por todos los que tenían razones de peso para mantener en reserva total sus operaciones fuera de territorio: empresarios, abogados y clientes intermediarios de Mossack Fonseca.

Tras conocerse la resolución, otra abogada del Estudio Echecopar, Liliana Espinosa Reboa, dijo a los medios de comunicación que la declaración de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos, pero las obligaciones que hubiesen sido exigibles con anterioridad (por ejemplo presentación de estados financieros de 2014) no deberían ser exigidas por la Superintendencia de Mercado de Valores y que en caso las solicite, cabría iniciar un proceso de amparo.

Al igual que la Norma XVI que daba la facultad a la Sunat de cobrar los impuestos que se dejaran de pagar si se detectaban "actos artificiosos" para aparentar menos ingresos en patrimonios personales o en las arcas contables de las empresas, el artículo 5 de la ley 29720 quedaba bloqueada por un sector empresarial que se sintió amenazado por los intentos de fiscalizar y transparentar información de los grandes negocios.